Fidel Herrera Beltrán
1. Sabemos que el sector primario es la principal fortaleza del Estado. Si impulsamos políticas para el campo, a pesar de la crisis alimentaria, no sólo lograremos salir adelante sino que incrementaremos los niveles de producción para satisfacer las necesidades de la familia mexicana.
El sector agropecuario registra un balance deficitario en sus exportaciones, como lo señaló Juan Carlos Cortés, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario, en el Senado de la República. Por eso la Secretaría de Economía no debería promover los TLC con Perú, Colombia y Brasil, ya que afectaría la producción nacional del sector primario.
2. Incluso después de la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y Canadá, no pudimos exportar los excedentes de azúcar a estos mercados por la existencia de las cartas paralelas que desde hace cinco años quedaron sin efecto.
3. Los acuerdos comerciales permiten, entre otras muchas posibilidades, que los excedentes en la producción azucarera nacional podrían incluso buscar mercados extranjeros para comercializar la producción. La industria puede exportar algunos excedentes al mercado norteamericano, por ejemplo, pero sería difícil competir con Brasil y con las producciones africanas de caña de azúcar.
4. Ahora en los mercados internacionales hay un buen precio de los productos agropecuarios. Existen condiciones internacionales de buenos precios de los productos del sector primario.
Es la hora de respaldar al campo, es la oportunidad de hacer crecer al México rural. Es importante que apoyemos las expresiones del sector social de México –a través de la CNC- y del sector privado. Una nueva nación necesita de acuerdos entre todos los sectores productivos, sobre todo en el campo mexicano. Por eso ahora no debe haber ningún acuerdo adicional de apertura en materia agropecuaria.
5. Una nueva nación le da todo su apoyo a las organizaciones que conforman al sector agropecuario nacional en su lucha por evitar un Tratado mas de Libre Comercio (TLC) con Perú, la ampliación del TLC con Colombia y el inicio de un posible TLC con Brasil.
La presencia de Juan Cortina Gallardo, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Azucarera en el Senado de la República es una muestra de cómo las instituciones deben participar en la defensa legítima de los derechos de nuestros productores y trabajadores.
6. La república azucarera mantiene fortalezas para salir adelante, mantiene estabilidad para lograr sus propósitos y tareas hacia el bienestar. La reciente elección como Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Azucarera de Adrián Sánchez Vargas, un extraordinario veracruzano, es una muestra de cómo la sociedad, junto con las instituciones, pueden trazar un nuevo rumbo para México.
7. Defender al sector agropecuario mexicano, impulsar nuevas tecnologías y modelos productivos de punta en campo y en fábricas, que respalden a la mecanización del sector rural, sobre todo del que cultiva la gramínea, es una línea de acción sustantiva e inmediata. Son más de 15 estados de la República, y más de cuatro millones de mexicanos –de los cuales un millón viven y trabajan en Veracruz- que dependen de ésta, que es la principal agroindustria de México.
8. Hagamos lo necesario para seguir manteniendo nuestros niveles de producción, sembrar más caña para azúcar y para etanol es un negocio rentable que lo seguirá siendo en los próximos 25 años. Esta agroindustria tiene un presente de oportunidad innegable y un futuro indiscutible.
Los empresarios deben seguir siendo punta de lanza en el negocio que a ellos corresponde, y el Gobierno, en términos del articulo 27 Constitucional, debe seguir impulsando el desarrollo rural, que genere las condiciones de paz y además inversiones en infraestructura, en educación, en salud y en vivienda.
9. La industria azucarera es una multiplicadora de bienes y servicios y un enganche fundamental de la actividad económica industrial, comercial y de servicios. El campo azucarero es de donde menos emigran los paisanos a buscar empleos en las fronteras con los Estados Unidos. Este campo generoso, ahora en medio de la crisis de la economía y la seguridad que lastima a la sociedad, es el primero en recibir a los que pudieran tener una oportunidad de regresar.
Ahora debemos defender a la industria azucarera con leyes y acciones; debemos lograr su reconstitución, evitando el desplazamiento del azúcar por la importación de fructosa, y hemos seguido en su defensa posicionando la rentabilidad de la industria para evitar el cierre de ingenios.
10. Existen mejores incentivos que los TLC para reconstruir al campo de México. En el mercado interno hay un nmenso escenario de oportunidades. La solución debe ser integral: erradicación de la violencia, sustentabilidad, detener al cambio climático, la capacitación y la educación son el camino para mejorar la vida de los mexicanos.
herrerafidel@hotmail.com
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www.nuevanacion.org
martes, 22 de febrero de 2011
Los sentimientos de una nueva nación / La reforma fiscal urgente
Fidel Herrera Beltrán
1. La ausencia de cambios estructurales en México -junto a otros factores como la crisis de seguridad pública y la inestabilidad financiera internacional- representa uno de los principales obstáculos al crecimiento de la economía nacional.
2. Las expectativas de los expertos son poco optimistas ante el comportamiento reciente del déficit fiscal, la ausencia de innovaciones institucionales y la escasa visión del Gobierno federal para establecer un sistema tributario eficiente y justo.
3. Esta realidad no es ajena al grupo parlamentario del PRI en el Senado, que en una actitud responsable y comprometida con los ciudadanos, están impulsando una reforma hacendaria que contrarreste la fragilidad presupuestal que enfrenta el Gobierno y regrese al país por la senda del desarrollo y el crecimiento sostenido.
4. Y es que a una década de la alternancia en la Presidencia de la República, los números dejan poco espacio a la interpretación y los pretextos. De acuerdo con datos de INEGI, Banxico y SHCP, el balance de los últimos 10 años respecto a la década previa al 2000, es el siguiente: hemos tenido un menor crecimiento económico anual en promedio, esto es sólo 1.49% entre 2001-2010; mientras que en 1991-2000 fue de 2.67%. El desempleo abierto fue de 5.7 y 2.2%, respectivamente y la informalidad como porcentaje de la población total creció 2% en los últimos 10 años.
5. La estructura de los ingresos fiscales tampoco se modificó. No sólo seguimos siendo dependientes de la renta petrolera, sino que se incrementó el gasto corriente del Gobierno federal a un ritmo acelerado. La base tributaria también se vio deprimida al caer 5% respecto a 1999. El resultado ha sido la creación de más impuestos especiales en perjuicio de los contribuyentes cautivos.
6. Coincido plenamente con los senadores del PRI en el sentido de colocar la modificación del IVA sobre la mesa de discusión, así como extender su aplicación a la mayoría de los productos. No hay duda del carácter regresivo de este impuesto, pero en el corto plazo, es el único que garantiza un aumento en la capacidad recaudatoria del Estado. Al mismo tiempo, no se debe bajar la guardia en materia de combate a la evasión, la informalidad y la existencia de los llamados regímenes especiales.
7. En este terreno, el argumento de los senadores priistas, impulsores de esta trascendental reforma, es congruente, ya que busca impulsar una mayor recaudación, pero también enfatiza que los productos de primera necesidad queden exentos, en una canasta básica que realmente sea adquirida por los que menos tienen.
Y como ha expresado el senador Francisco Labastida, el PRI está dispuesto a encontrar acuerdos no sólo con los diputados, sino también con el propio Gobierno, en un consenso que debe estar basado en la razón y en los intereses superiores del país.
8. Al mismo tiempo, la iniciativa no descuida la generación de incentivos para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones (mayor recaudación con menores tasas impositivas); aumentar la eficacia del Gobierno en la utilización de los recursos públicos (política fiscal sana, con mayor rendición de cuentas), y de establecer las condiciones para una mayor inversión (realizar una simplificación fiscal).
9. El proyecto que encabeza el senador Manlio Fabio Beltrones señala claramente que cualquier reforma fiscal que lleve a un eventual incremento en los recursos que dispone el Gobierno, debe estar vinculada al proyecto de desarrollo nacional y por ningún motivo puede estar encaminada a elevar el gasto corriente de la administración pública centralizada. Por el contrario, debe ir acompañada de una política de transparencia e información al contribuyente.
En otras palabras, debe explicar con toda claridad el destino de los recursos y su impacto esperado en materia de desarrollo social y económico, pues tenemos que avanzar hacia una democracia con transparencia y rendición de cuentas, de instituciones eficientes y con una ciudadanía participativa.
10. Finalmente, la importancia y trascendencia de la propuesta de reforma hacendaria que defienden los senadores priistas va más allá de resolver la insolvencia del Gobierno. En el fondo, esta iniciativa significa generar las condiciones que propicien el acceso de los ciudadanos a más empleos y mejor remunerados, encaminar a las instituciones hacia el desarrollo y la modernización, lo cual estimulará el crecimiento del país y sin duda disminuirá la pobreza.
herrerafidel@hotmail.com
www.fidelherrera.blogspot.com
www.nuevanacion.org
1. La ausencia de cambios estructurales en México -junto a otros factores como la crisis de seguridad pública y la inestabilidad financiera internacional- representa uno de los principales obstáculos al crecimiento de la economía nacional.
2. Las expectativas de los expertos son poco optimistas ante el comportamiento reciente del déficit fiscal, la ausencia de innovaciones institucionales y la escasa visión del Gobierno federal para establecer un sistema tributario eficiente y justo.
3. Esta realidad no es ajena al grupo parlamentario del PRI en el Senado, que en una actitud responsable y comprometida con los ciudadanos, están impulsando una reforma hacendaria que contrarreste la fragilidad presupuestal que enfrenta el Gobierno y regrese al país por la senda del desarrollo y el crecimiento sostenido.
4. Y es que a una década de la alternancia en la Presidencia de la República, los números dejan poco espacio a la interpretación y los pretextos. De acuerdo con datos de INEGI, Banxico y SHCP, el balance de los últimos 10 años respecto a la década previa al 2000, es el siguiente: hemos tenido un menor crecimiento económico anual en promedio, esto es sólo 1.49% entre 2001-2010; mientras que en 1991-2000 fue de 2.67%. El desempleo abierto fue de 5.7 y 2.2%, respectivamente y la informalidad como porcentaje de la población total creció 2% en los últimos 10 años.
5. La estructura de los ingresos fiscales tampoco se modificó. No sólo seguimos siendo dependientes de la renta petrolera, sino que se incrementó el gasto corriente del Gobierno federal a un ritmo acelerado. La base tributaria también se vio deprimida al caer 5% respecto a 1999. El resultado ha sido la creación de más impuestos especiales en perjuicio de los contribuyentes cautivos.
6. Coincido plenamente con los senadores del PRI en el sentido de colocar la modificación del IVA sobre la mesa de discusión, así como extender su aplicación a la mayoría de los productos. No hay duda del carácter regresivo de este impuesto, pero en el corto plazo, es el único que garantiza un aumento en la capacidad recaudatoria del Estado. Al mismo tiempo, no se debe bajar la guardia en materia de combate a la evasión, la informalidad y la existencia de los llamados regímenes especiales.
7. En este terreno, el argumento de los senadores priistas, impulsores de esta trascendental reforma, es congruente, ya que busca impulsar una mayor recaudación, pero también enfatiza que los productos de primera necesidad queden exentos, en una canasta básica que realmente sea adquirida por los que menos tienen.
Y como ha expresado el senador Francisco Labastida, el PRI está dispuesto a encontrar acuerdos no sólo con los diputados, sino también con el propio Gobierno, en un consenso que debe estar basado en la razón y en los intereses superiores del país.
8. Al mismo tiempo, la iniciativa no descuida la generación de incentivos para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones (mayor recaudación con menores tasas impositivas); aumentar la eficacia del Gobierno en la utilización de los recursos públicos (política fiscal sana, con mayor rendición de cuentas), y de establecer las condiciones para una mayor inversión (realizar una simplificación fiscal).
9. El proyecto que encabeza el senador Manlio Fabio Beltrones señala claramente que cualquier reforma fiscal que lleve a un eventual incremento en los recursos que dispone el Gobierno, debe estar vinculada al proyecto de desarrollo nacional y por ningún motivo puede estar encaminada a elevar el gasto corriente de la administración pública centralizada. Por el contrario, debe ir acompañada de una política de transparencia e información al contribuyente.
En otras palabras, debe explicar con toda claridad el destino de los recursos y su impacto esperado en materia de desarrollo social y económico, pues tenemos que avanzar hacia una democracia con transparencia y rendición de cuentas, de instituciones eficientes y con una ciudadanía participativa.
10. Finalmente, la importancia y trascendencia de la propuesta de reforma hacendaria que defienden los senadores priistas va más allá de resolver la insolvencia del Gobierno. En el fondo, esta iniciativa significa generar las condiciones que propicien el acceso de los ciudadanos a más empleos y mejor remunerados, encaminar a las instituciones hacia el desarrollo y la modernización, lo cual estimulará el crecimiento del país y sin duda disminuirá la pobreza.
herrerafidel@hotmail.com
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LOS GOBERNADORES Y LAS FINANZAS PÚBLICAS
HILARIO BARCELATA CHÁVEZ
El gasto público es el instrumento mediante el cual los gobiernos adquieren capacidad para influir sobre la actividad económica y sobre el bienestar social. Se entiende que entre mayor sea el volumen de recursos financieros públicos, mayor será esa influencia y más amplios los efectos positivos que se logren. Desde luego, ese volumen depende de la magnitud de los ingresos públicos, lo cual será resultado de la eficiencia con la que los gobiernos realizan las tareas de recaudación tributaria y no tributaria.
Para identificar el modo en que los distintos gobiernos de Veracruz en las últimas décadas, han manejado las finanzas públicas, presento en esta colaboración un análisis sobre la evolución del gasto y el ingreso público por sexenio.
En primer lugar hay que observar que el gobierno que más recursos recaudó en el período que analizo (1980-2010) fue el de Fidel Herrera, el cual obtuvo, a través de los diferentes mecanismos de recaudación, un total de 400 mil 626 millones de pesos (equivalente a 300 mil 497 millones de pesos reales de 2002) durante los seis años de gobierno, que en términos reales es superior en un 40% al ingreso que recaudó el gobierno de Miguel Alemán. Asimismo, es superior en un 149% a lo recaudado en el gobierno de Patricio Chirinos, 429% mayor a lo obtenido durante el sexenio de Dante Delgado y al de Acosta Lagunes.
Este incremento de los ingresos públicos permitió que el gobierno de Herrera Beltrán sea también el que más recursos ha obtenido para ejercer programas de gasto público, ya que en promedio ejerció un gasto anual de 50 mil millones de pesos (pesos reales de 2002) durante cada uno de los seis años de su gobierno, por encima de cualquiera de los demás gobernadores.
Aunque hay que señalar que éste no fue el sexenio donde el gasto público creció más con respecto al ejercido por el gobernante que le antecedió. En el caso de Herrera Beltrán se puede observar que el gasto promedio anual durante su sexenio tuvo un incremento del 40%, con respecto al ejercido por el gobierno de Miguel Alemán. El mayor crecimiento del gasto se observó durante el gobierno de Patricio Chirinos, en que éste creció en un 112% comparado con el sexenio anterior. Le sigue el gobierno de Gutiérrez Barrios-Dante Delgado, cuando el gasto cayó en un 0.2%. En el gobierno de Miguel Alemán creció aumentó un 79% y se distingue la caída que esta variable sufrió durante el gobierno de Agustín Acosta Lagunes, cuando decreció en un 14%
Otro aspecto que hay que destacar es la eficiencia con la que se llevó a cabo la recaudación de ingresos públicos, para lo cual es útil identificar el valor per cápita de los ingresos públicos en cada sexenio. De este modo se puede observar que el gobierno de Fidel Herrera es el que alcanza la más alta recaudación per cápita con un total de 6,917 pesos por persona (pesos reales de 2002). Este valor es superior, en términos reales, en un 35% al que alcanzó el gobierno de Miguel Alemán; 132% superior al del gobierno de Patricio Chirinos y 354% superior al obtenido en el gobierno de Gutiérrez Barrios-Dante Delgado.
Hasta aquí se observa la evolución y magnitud del ingreso y el gasto público; falta por ver cuál fue el efecto que con este gasto público se logró en el crecimiento económico y el bienestar social del estado.
Ese será el tema de la próxima colaboración
hbarcel@hotmail.com
El gasto público es el instrumento mediante el cual los gobiernos adquieren capacidad para influir sobre la actividad económica y sobre el bienestar social. Se entiende que entre mayor sea el volumen de recursos financieros públicos, mayor será esa influencia y más amplios los efectos positivos que se logren. Desde luego, ese volumen depende de la magnitud de los ingresos públicos, lo cual será resultado de la eficiencia con la que los gobiernos realizan las tareas de recaudación tributaria y no tributaria.
Para identificar el modo en que los distintos gobiernos de Veracruz en las últimas décadas, han manejado las finanzas públicas, presento en esta colaboración un análisis sobre la evolución del gasto y el ingreso público por sexenio.
En primer lugar hay que observar que el gobierno que más recursos recaudó en el período que analizo (1980-2010) fue el de Fidel Herrera, el cual obtuvo, a través de los diferentes mecanismos de recaudación, un total de 400 mil 626 millones de pesos (equivalente a 300 mil 497 millones de pesos reales de 2002) durante los seis años de gobierno, que en términos reales es superior en un 40% al ingreso que recaudó el gobierno de Miguel Alemán. Asimismo, es superior en un 149% a lo recaudado en el gobierno de Patricio Chirinos, 429% mayor a lo obtenido durante el sexenio de Dante Delgado y al de Acosta Lagunes.
Este incremento de los ingresos públicos permitió que el gobierno de Herrera Beltrán sea también el que más recursos ha obtenido para ejercer programas de gasto público, ya que en promedio ejerció un gasto anual de 50 mil millones de pesos (pesos reales de 2002) durante cada uno de los seis años de su gobierno, por encima de cualquiera de los demás gobernadores.
Aunque hay que señalar que éste no fue el sexenio donde el gasto público creció más con respecto al ejercido por el gobernante que le antecedió. En el caso de Herrera Beltrán se puede observar que el gasto promedio anual durante su sexenio tuvo un incremento del 40%, con respecto al ejercido por el gobierno de Miguel Alemán. El mayor crecimiento del gasto se observó durante el gobierno de Patricio Chirinos, en que éste creció en un 112% comparado con el sexenio anterior. Le sigue el gobierno de Gutiérrez Barrios-Dante Delgado, cuando el gasto cayó en un 0.2%. En el gobierno de Miguel Alemán creció aumentó un 79% y se distingue la caída que esta variable sufrió durante el gobierno de Agustín Acosta Lagunes, cuando decreció en un 14%
Otro aspecto que hay que destacar es la eficiencia con la que se llevó a cabo la recaudación de ingresos públicos, para lo cual es útil identificar el valor per cápita de los ingresos públicos en cada sexenio. De este modo se puede observar que el gobierno de Fidel Herrera es el que alcanza la más alta recaudación per cápita con un total de 6,917 pesos por persona (pesos reales de 2002). Este valor es superior, en términos reales, en un 35% al que alcanzó el gobierno de Miguel Alemán; 132% superior al del gobierno de Patricio Chirinos y 354% superior al obtenido en el gobierno de Gutiérrez Barrios-Dante Delgado.
Hasta aquí se observa la evolución y magnitud del ingreso y el gasto público; falta por ver cuál fue el efecto que con este gasto público se logró en el crecimiento económico y el bienestar social del estado.
Ese será el tema de la próxima colaboración
hbarcel@hotmail.com
martes, 18 de enero de 2011
EL USO RACIONAL DE LAS OBLIGACIONES FINANCIERAS ESTATALES
HILARIO BARCELATA CHÁVEZ
Durante el período 2005-2010 la recesión económica y el crecimiento de las demandas sociales llevaron a las entidades federativas a enfrentar profundas limitaciones financieras. Ello obligó a la búsqueda de fuentes de recursos extraordinarias que permitiesen disponer de los recursos suficientes para impulsar el desarrollo estatal, lo cual condujo a que la mayoría de los estados contratara financiamiento mediante obligaciones financieros. En muchos casos mediante el novedoso método de la bursatilización de activos financieros.
Como consecuencia, las obligaciones financieras de las entidades federativas crecieron en un 113% durante el período mencionado, esto es un total de 148,241 millones de pesos.
Sin embargo, no todos han hecho uso de este instrumento en la misma magnitud, lo cual es evidente al observar que casi el 70% del total del incremento de las obligaciones financieras fueron adquiridos por 10 estados, destacándose en primer lugar Nuevo León, que adquirió 23 mil millones de pesos (mdp) esto es el 15% del total. Le siguen en importancia Jalisco, que adquirió compromisos por 14,699 mdp (el 10% del total) y Chihuahua con 11,892 mdp (el 8% del total). En menor proporción obtuvieron recursos: Michoacán, Tamaulipas, México, Coahuila, Chiapas, sonora, Distrito Federal, Baja California y Puebla.
El estado de Veracruz no se encuentra en el grupo de los estados donde las obligaciones financieras se incrementaron más ya que se ubica en el 13º lugar pues los recursos que adquirió por esta vía sumaron un total de 5,760 mdp, tan sólo el 4% del total.
Medido en términos porcentuales, el incremento de las obligaciones de Veracruz es aún más reducido que el resto de los estados, pues al aumento fue del 17.5% promedio anual, lo que lo ubica en el 19º lugar lejos de Coahuila que ocupa el primer lugar con una tasa del 74% anual y de Chihuahua y Nayarit en el segundo lugar con tasas de incremento del 46%.
Actualmente el monto total de las obligaciones financieras de los estados reportada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de 278,961 millones de pesos (mdp).
Cinco estados concentran el 60% de estas obligaciones, esto es un total de 165,176 mdp. Estos son, en orden de importancia: Distrito Federal con el 18%; México con el 13; Nuevo León con el 12%; Jalisco con el 8%, Chihuahua con el 5% y Sonora con el 4%.
Veracruz no se incluye en este grupo ya representa apenas el 3% del total (9,288.9 mdp) lo cual lo ubica en el 7º lugar.
Como alcanza a verse en este análisis, es claro que el estado de Veracruz hizo un uso mesurado y racional del financiamiento mediante obligaciones financieras, comparado con lo realizado con otros estados, que son economías de menor tamaño que la veracruzana como es el caso de Puebla, Baja California, Sonora, Chiapas, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán y Chihuahua las que, cada una por separado, adquirió más deuda que el estado de Veracruz. Por ejemplo, las economías de Baja California, Chiapas y Michoacán en conjunto tienen el mismo tamaño que la economía veracruzana (4.5% del PIB nacional) sin embargo, las tres en conjunto adquirieron obligaciones adicionales por un monto de 21,333 mdp, es decir, cuatro veces más que el estado de Veracruz.
Chihuahua que es una economía más pequeña que Veracruz (representa el 3.4% del PIB nacional) adquirió obligaciones por un monto de 11,892.2 mdp, esto es 6,132 millones de pesos más, más del doble que Veracruz.
Otro aspecto que hay que revisar es el efecto que estos recursos provocaron en las economías estatales en términos de actividad económica. Eso será tema de una siguiente colaboración
hbarcel@hotmail.com
Durante el período 2005-2010 la recesión económica y el crecimiento de las demandas sociales llevaron a las entidades federativas a enfrentar profundas limitaciones financieras. Ello obligó a la búsqueda de fuentes de recursos extraordinarias que permitiesen disponer de los recursos suficientes para impulsar el desarrollo estatal, lo cual condujo a que la mayoría de los estados contratara financiamiento mediante obligaciones financieros. En muchos casos mediante el novedoso método de la bursatilización de activos financieros.
Como consecuencia, las obligaciones financieras de las entidades federativas crecieron en un 113% durante el período mencionado, esto es un total de 148,241 millones de pesos.
Sin embargo, no todos han hecho uso de este instrumento en la misma magnitud, lo cual es evidente al observar que casi el 70% del total del incremento de las obligaciones financieras fueron adquiridos por 10 estados, destacándose en primer lugar Nuevo León, que adquirió 23 mil millones de pesos (mdp) esto es el 15% del total. Le siguen en importancia Jalisco, que adquirió compromisos por 14,699 mdp (el 10% del total) y Chihuahua con 11,892 mdp (el 8% del total). En menor proporción obtuvieron recursos: Michoacán, Tamaulipas, México, Coahuila, Chiapas, sonora, Distrito Federal, Baja California y Puebla.
El estado de Veracruz no se encuentra en el grupo de los estados donde las obligaciones financieras se incrementaron más ya que se ubica en el 13º lugar pues los recursos que adquirió por esta vía sumaron un total de 5,760 mdp, tan sólo el 4% del total.
Medido en términos porcentuales, el incremento de las obligaciones de Veracruz es aún más reducido que el resto de los estados, pues al aumento fue del 17.5% promedio anual, lo que lo ubica en el 19º lugar lejos de Coahuila que ocupa el primer lugar con una tasa del 74% anual y de Chihuahua y Nayarit en el segundo lugar con tasas de incremento del 46%.
Actualmente el monto total de las obligaciones financieras de los estados reportada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de 278,961 millones de pesos (mdp).
Cinco estados concentran el 60% de estas obligaciones, esto es un total de 165,176 mdp. Estos son, en orden de importancia: Distrito Federal con el 18%; México con el 13; Nuevo León con el 12%; Jalisco con el 8%, Chihuahua con el 5% y Sonora con el 4%.
Veracruz no se incluye en este grupo ya representa apenas el 3% del total (9,288.9 mdp) lo cual lo ubica en el 7º lugar.
Como alcanza a verse en este análisis, es claro que el estado de Veracruz hizo un uso mesurado y racional del financiamiento mediante obligaciones financieras, comparado con lo realizado con otros estados, que son economías de menor tamaño que la veracruzana como es el caso de Puebla, Baja California, Sonora, Chiapas, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán y Chihuahua las que, cada una por separado, adquirió más deuda que el estado de Veracruz. Por ejemplo, las economías de Baja California, Chiapas y Michoacán en conjunto tienen el mismo tamaño que la economía veracruzana (4.5% del PIB nacional) sin embargo, las tres en conjunto adquirieron obligaciones adicionales por un monto de 21,333 mdp, es decir, cuatro veces más que el estado de Veracruz.
Chihuahua que es una economía más pequeña que Veracruz (representa el 3.4% del PIB nacional) adquirió obligaciones por un monto de 11,892.2 mdp, esto es 6,132 millones de pesos más, más del doble que Veracruz.
Otro aspecto que hay que revisar es el efecto que estos recursos provocaron en las economías estatales en términos de actividad económica. Eso será tema de una siguiente colaboración
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